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Martes 19 de Agosto 2008
publicado en la edición impresa
Concebir un país que se consolide, con un modelo nacional sustentado en el desarrollo industrial, tecnológico y agropecuario, es hacerlo a partir de la recuperación del control y administración por parte del Estado de aquellas empresas de servicios públicos que, en manos privadas, fueron ineficientemente administradas.
Desde el origen de nuestra historia, el desarrollo del transporte público constituyó la herramienta ineludible para la integración. La red ferroviaria, primero; las redes de transporte aéreo y marítimo, después, fueron integrando al país, desarrollando poblaciones y generando trabajo, además de una cultura de pertenencia.
Desde siempre, la inversión privada se orientó a la busca de rentabilidad empresaria. Debe ser el Estado, como articulador, el que compense, con equilibrio, la integración y comunicación del conjunto de la población, por una necesidad nacional, más allá de la renta empresaria.
La ausencia de control por parte del Estado del sistema de transporte define el modelo de país que transitamos. Basta como muestra recordar que en 1955 teníamos más de 47.000 kilómetros de vías, que en la década del 80 caímos a 35.000 km y que en la actualidad sólo tenemos algo más de 8000 kilómetros de vías operables. El despotismo de los mercados, la voracidad de la renta privada y la ausencia del Estado han instalado (desde cada una de las dictaduras militares y desde la gestión de gobierno de los años 90) un modelo de país opuesto al verdadero interés nacional.
El transporte público cumple una función social y otra económica. Ambas son insoslayables. La presunta eficiencia de las empresas privadas administrando bienes del Estado ha resultado una experiencia en la que esa palabra perdió significación y sentido.
Es necesaria y perentoria una definición política que regule el transporte público en el largo plazo. Esta necesidad se impone desde todo punto de vista: social, económico y ambiental. Sostenemos la necesidad de recuperar, desde el Estado, un patrimonio que nunca debería haberse dejado en manos privadas.
Aerolíneas Argentinas es un claro ejemplo de ello. No solamente es nuestra línea aérea de bandera, sino que, al igual que la empresa Austral, integra territorialmente al país con sus rutas de cabotaje. Esta integración no se puede medir priorizando su rentabilidad, sino por su importancia en la generación de riqueza y desarrollo nacional.
En septiembre de 2007 señalé: "Es hora de considerar que para salir definitivamente de la emergencia provocada por la crisis y por las políticas de desguace de los 90 hay que fijar un punto de partida. El papel del Estado es una referencia ineludible. La planificación de un sistema integrado de transporte es una necesidad imperiosa de los tiempos que corren. Para ello, es necesario considerar el transporte público en el marco de una política de Estado".
La administración en manos del Estado del transporte aéreo y la recuperación de las redes ferroviarias son prioridades que hacen a la integración de nuestro territorio desde una identidad soberana con equidad, ajena a todo interés que no sea el interés general.
La equidad no se impone desde la renta, sino desde la sensibilidad.
También hacía referencia al incendio provocado en la estación Constitución de la línea Roca, provocado por los propios usuarios ante una situación insostenible, producto de la pésima calidad del servicio. En ese momento dije: "Tiene que doler ver cómo estalla el mal humor de cientos de usuarios que, en medio de su impotencia y cansancio, la emprenden contra bienes públicos que deberían sentir como propios. El humor social en ebullición desnuda ausencias irresponsables y, entre ellas, tal vez la más importante: la ausencia del Estado".
Meses después de esas afirmaciones, entiendo, definitivamente prioritario, que el Estado -nuestro Estado- asuma las responsabilidades que le caben en el desarrollo de un modelo nacional, con equidad y justicia, recuperando para la Nación aquellos emblemas que hacen a su grandeza.
Aerolíneas Argentinas no debió dejar nunca de pertenecer al Estado, como tampoco debieron dejar de pertenecer al Estado nuestros ferrocarriles.
El Bicentenario, como el próximo mirador de la historia, nos exige definiciones integradas en el interés nacional, alejadas de toda especulación mezquina y coyuntural.
