Por Julio C. Balbi DIRECTOR DEL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
El problema que presenta la calidad del servicio del transporte público surge con notable fuerza mediática y muestra el maltrato hacia el usuario.Un estado de situación que se extiende indefinidamente ante la falta de las inversiones necesarias de los concesionarios. La ausencia de control por parte del Estado es el broche indeseado. Esta falta de control surge ante la inexistencia de una política integrada con objetivos precisos. Mal puede ser desalentado el uso del automóvil particular —como medida ordenadora del tránsito—, si el transporte público no garantiza una calidad de servicio que promueva su uso. En el caso de los ferrocarriles, privatizados en el año 1991, la realidad golpea con urgencias más evidentes, ya que se trata de un servicio deplorable. El silencio de la casi totalidad de las empresas concesionarias frente a las denuncias o la manifestación del vocero de TBA afirmando que es necesario un plazo de tres años para normalizar el servicio de trenes de su empresa suenan como un insulto más a la inteligencia de los sufridos usuarios.Cabría interrogarse acerca de lo que ha logrado la "eficiencia privada" en más de una década de concesión. El gran debate de hoy pasa por si encontramos fundamentos válidos para insistir en que este servicio público continúe en manos privadas. Si los más de 480 millones de pesos anuales de subsidios a los ferrocarriles o los más de 1.000 millones de subsidios destinados al transporte público automotor tienen el destino que deberían.No resulta descabellado imaginar que es el propio Estado el que debe hacerse cargo íntegramente de la prestación de este servicio. El transporte público cumple una función social y económica insoslayable.Se debe considerar como necesaria y perentoria una definición política que regule el transporte público en el largo plazo. Tal vez sea el momento de pensar en no repetir ni continuar experiencias fracasadas. Quizá la recuperación de la prestación del servicio de transporte público para el Estado sea una forma de comenzar desde un lugar diferente. Entre sostener las concesiones privadas con subsidios permanentes y una calidad de servicio deplorable o invertir en el modelo de urbe que soñamos, con un transporte público integrado a su desarrollo estratégico, debemos apostar por este último desafío.
