Opinión
Publicado en la ed. impresa: Opinión
Lunes 26 de marzo de 2007

El tránsito y la seguridad vial

Por Julio César Balbi Para LA NACION

Hemos insistido, en reiteradas oportunidades, que el problema de la inseguridad vial se soluciona abordando cada uno de los aspectos que hacen a su complejidad. El ordenamiento del tránsito es uno de ellos, y no el menos importante, seguramente. La educación vial es otro. Ambos se destacan por cuanto conforman la base de una cultura que, sobre la base de su extensión en la sociedad, facilita una política de prevención y necesario ordenamiento. Uno y otro son tan imprescindibles como inescindibles. Insistimos también en que el rol del Estado es determinante. Las políticas de gobierno y la gestión de las diferentes áreas que lo integran deben, entonces, aplicarse con un criterio de complementariedad que permita su confluencia en un lugar común. De allí que es tan importante la rigurosidad en el otorgamiento de licencias de conducir, como arbitrar las medidas de ordenamiento de tránsito. De igual modo, la regulación del transporte público, la calidad de su servicio y las medidas para desalentar el uso de vehículos particulares en las zonas colapsadas por un desborde que afecta la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Una política de Estado es aquella que se aplica desde la gestión de gobierno, en forma sustentable e integrada con un fin estratégico que excede el término administrativo de una gestión. Nadie puede dudar, a estas alturas de los tiempos, que el tránsito en nuestra ciudad está lejos de serlo y que, en este sentido, la ausencia del Estado provoca una crisis cuya solución es definitivamente prioritaria. El caso del estacionamiento medido es un claro ejemplo de lo que no puede suceder, y que nos remite a discusiones tan antiguas como nuestra historia. En principio, este servicio público es estratégico en el ordenamiento del tránsito y la administración del espacio público, determinante en el marco de ese orden necesario. Sin embargo, y con la excusa de que éste es un servicio público "esencial", se viene prorrogando de hecho la concesión a las empresas SEC y STO desde que vencieron sus contratos en el año 2001. El Ente Regulador de la Ciudad ha exigido, de manera reiterada, la regularización de este servicio, el llamado a licitación pública y la realización de la audiencia pública, como dispone la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A juzgar por su desarrollo, a lo largo del plazo de concesión y una vez vencido éste, uno podría conjeturar que se privilegió la renta empresaria por sobre el interés público. Por un lado, no existen argumentos atendibles acerca del motivo por el cual este servicio no puede ser brindado por el propio Estado, desde que su objetivo final no es la búsqueda de una renta, sino el de prestar un servicio público complementario con el perfil de la ciudad que queremos. Por otro, es indudable que la concesión determina una renta para nada despreciable, en beneficio de empresas privadas que ni siquiera son controladas eficazmente. Esta realidad agita el fantasma de la falta de transparencia en negocios millonarios y pone en duda, cuando el fin es la rentabilidad, que la seguridad vial y la solución al problema del tránsito sea una prioridad. Una facultad indelegable por parte del Estado es el ejercicio de su poder de policía, y su concesión a terceros desvirtúa este principio. Sin embargo, y aun cuando creamos en esto y lo sigamos sosteniendo, creemos que es imperioso normalizar el sistema de estacionamiento medido otorgándole la importancia que corresponde. No es aceptable un servicio público que se brinda en forma irregular desde hace ya seis años y no responde a una planificación integrada que tenga por objetivo la solución de un problema que agobia, como es el tránsito. Tampoco lo es que, a partir de diferentes circunstancias coyunturales, se improvisen parches que nada cambian. Resulta imperioso que, desde esta gestión de gobierno, se normalice el servicio, regulándolo de acuerdo a derecho. La Constitución de la Ciudad es clara en este sentido y no admite interpretaciones caprichosas. El gobierno de la ciudad debe actuar inmediatamente y hacerlo desde el interés común por sobre los intereses de empresas privadas, cuyo objetivo es su propio beneficio económico. El desafío no es simplemente administrar lo heredado. Es hacer de ésta una ciudad digna de ser vivida, y para ello es hora de tomar el problema del tránsito como determinante a la hora de definir el modelo. No necesitamos administradores, es tiempo de hacedores.

*El autor es director del Ente Regulador de la Ciudad.

http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=894518

Martes 27 de marzo de 2007

Creen que se debería haber clausurado la obra

Legisladores y representantes del Ente Regulador de Servicios Públicos de la ciudad criticaron al Gobierno y consideraron que la construcción porteña está fuera de control

DyN) - Integrantes de la Legislatura porteña y del Ente Regulador de Servicios Públicos cuestionaron hoy al Gobierno de la Ciudad por el derrumbe de la vivienda del barrio de Caballito. El presidente de la Comisión de Vivienda del Legislativo, Marcelo Meis (Recrear), afirmó hoy que "ante la duda" sobre el estado de la construcción de Pedro Goyena y Thorne, "el gobierno porteño debió clausurar la obra". "Es claro que la responsabilidad recae sobre el director de obra, pero también es cierto que si el gobierno porteño detectó las deficiencias, debió clausurar inmediatamente la obra por prevención, porque pudo haber ocurrido una tragedia", dijo Meis. La diputada del ARI, Teresa de Anchorena, titular de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura, advirtió que "la construcción en la Ciudad se encuentra fuera de control". "Es urgente escuchar el reclamo de los vecinos, y debatir públicamente sobre la ciudad en la que queremos vivir, y el Gobierno de la Ciudad debe ejercer su función de contralor y aplicar las sanciones que correspondan para evitar que se llegue a este tipo de situaciones peligrosas", manifestó. Finalmente, el director del Ente, Julio Balbi, atribuyó el derrumbe que afectó a una vivienda del barrio porteño de Caballito a la "construcción indiscriminada de torres" en esa zona de la Capital Federal. "El crecimiento edilicio en algunos barrios de la ciudad, como en Caballito, no responde a ningún modelo planificado y solo se justifica en el desarrollo del negocio inmobiliario privado. Es ineludible que el Gobierno de la Ciudad invierta en una campaña que esclarezca el estado de la infraestructura de servicios en cada barrio y del impacto que el crecimiento demográfico genera en el transporte público", pidió Balbi.

www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=895073

Tras 6 años el gobierno promete licitar los parquímetros

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Un amparo para pedir celeridad

Mientras ayer el director del Ente Regulador de la Ciudad, Julio Balbi, presentó un recurso de amparo para que se concrete inmediatamente el llamado a licitación de la concesión de los parquímetros tras seis años de prórrogas, el gobierno de Jorge Telerman anunció que en 72 horas hábiles solicitará autorización a la Legislatura porteña para abrir la licitación. Así lo confirmó a LA NACION una fuente del Ministerio de Hacienda porteño, que confió que Telerman había dejado expresas instrucciones para que en ese lapso se presentara a los legisladores el programa de licitación, cuya concesión será por 10 años. El fundamento principal del recurso de amparo de Balbi, que quedó radicado en el Juzgado N° 12 en lo Contencioso Administrativo de la ciudad, se basó en que el 17 de diciembre de 2001 la Procuración General de la Ciudad había dictaminado que correspondía llamar a licitación pública a la brevedad para la contratación del servicio. Y que el contrato fue prorrogado por el gobierno porteño hasta el momento, "aun existiendo una orden judicial que ordenaba en su oportunidad el llamado a licitación con fecha 29 de diciembre de 2003". Sobre el tema, Balbi aseguró: "Hace mucho tiempo que estamos pidiendo que se llame a licitación pública por el tema de los parquímetros y estacionamientos, que es un gran negocio y lleva seis años vencido. De este modo, las empresas, de manera ilegal, siguen explotando un mercado millonario. Es indudable que la concesión determina una renta para nada despreciable en beneficio de empresas privadas, que ni siquiera son controladas eficientemente. Esta realidad agita el fantasma de la falta de transparencia en negocios millonarios por parte del Estado". Desde Carlos Grosso La última licitación que se hizo para ordenar el tránsito con el estacionamiento medido data de 1992, cuando Carlos Grosso era el intendente porteño. En enero de 2004, la Justicia intimó al entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, a convocarla, ya que estaba vencida desde hacía tres años, pero las empresas Sistema de Estacionamiento Controlado (SEC) y Sistema de Tránsito Ordenado (STO) siguieron funcionando hasta hoy con contratos prorrogados. Ante la consulta de LA NACION, en el Ministerio de Hacienda porteño indicaron que "llama poderosamente la atención que Balbi haya recurrido a la Justicia cuando la semana última había hecho el mismo pedido ante el Poder Ejecutivo y siendo que está en trámite esa respuesta. Este pedido de autorización a la Legislatura no es en respuesta de la demanda de Balbi, sino que estábamos trabajando hace rato en este tema". En la vereda opuesta, Balbi contraatacó: "Cuando apenas asumió, Jorge Telerman dijo que iba a terminar con la situación en la que dos empresas tienen la hegemonía de decir dónde se estaciona en la ciudad. Pero queda claro que son pocas sus intenciones de cambiar la situación".



Por Pablo TominoDe la Redacción de LA NACION